Las noticias sobre la rebelión zapatista causaron fuerte impresión en Zaragoza. Una manifestación solidaria, convocada en la ciudad pocos meses después del alzamiento, contó con la participación de varios miles de simpatizantes de la causa indígena.
La relación del movimiento solidario aragonés con Chiapas es anterior al alzamiento indígena del 1 de enero de 1994. Pero tal vínculo no se produce con las comunidades indígenas zapatistas, totalmente desconocidas antes del 1994, sino con los miles de refugiados guatemaltecos, huidos de la guerra sucia a México desde 1980.
En varios campos de refugiados instalados en territorio mexicano, en Chiapas y en otros estados limítrofes, permanecían desplazados varios miles de familias indígenas provenientes del Quiché, Altas Verapaces, Quetzaltenango, etc. Tanto con los refugiados externos, como con las Comunidades en Resistencia que se habían escondido en el corazón de la selva del Petén. El CSI (Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza) estuvo realizando misiones de acompañamiento, muy meritorias y arriesgadas, dado el carácter brutal de la dictadura guatemalteca.
En diciembre de 1993, un equipo de internacionalistas acompañaba el primer campo de refugiados en tierra del Ixcan, retornados a Guatemala en plena guerra civil y bajo el amparo de ACNUR. Finalizada su misión en este Campamento de la Victoria, algunos miembros extranjeros marcharon en visita turística al vecino estado de Chiapas para pasar el fin de año. Allí les agarró la entrada de las columnas zapatistas en San Cristóbal de las Casas, antigua capital de Chiapas. El ruido de los combates en la periferia de la ciudad despertó a más de una de los tequilas de Noche Vieja.
En las reuniones del CSI (Comité Internacionalista de Zaragoza) nuestra perplejidad fue total. Pese a tener destacados varios cooperantes en Chiapas, en apoyo a los refugiados guatemaltecos, nada pudimos sospechar de lo que se estaba gestando en el sureste mexicano. Tras conocer algunos aspectos del levantamiento, decidimos apoyar la rebelión indígena. Este paso tuvo sus dificultades. Resultaba extraño ver al gobierno mexicano, muy significado en la acogida de refugiados políticos de todo el continente, convertido en azote de las comunidades indígenas.

La ofensiva federal del 95
La primera visita del Comité Internacionalista a territorio de conflicto tuvo lugar en febrero de 1995. Los compañeros desplazados a Chiapas en esa fecha llegaron poco antes del inicio de la gran ofensiva militar-gubernamental de 1995. En esa fecha varias decenas de miles de soldados federales, en operativo combinado tierra-aire, se adentraron hacia la selva en persecución de las columnas zapatistas. Desde esa fecha, todo el territorio de conflicto quedó intensamente militarizado, permaneciendo las unidades y campamentos de EZLN en sus santuarios de la Selva Lacandona, a los cuales el ejército no se ha atrevido a internar.
La ofensiva militar del 95 provocó un enorme desplazamiento de población civil, bases de apoyo del EZLN, que huyeron a la montaña ante la violenta irrupción del ejército federal. El potente movimiento solidario con el zapatismo se agrupaba, en Chiapas, en torno a la Coordinadora de ONG,s por la Paz CONPAZ. Desde esta plataforma y en particular desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas se articula una estrategia de vigilancia ante la multitud de violaciones a los derechos humanos que comporta la ofensiva del 95. De aquí nacen los llamados Campamentos Civiles por la Paz, grupos de acompañamiento e interposición que se afincarán en las propias comunidades zapatistas.
El movimiento de la solidaridad del estado español da su respaldo a esta estrategia, dado que contaban con un amplísimo historial de acompañamientos en América Central y sobre todo en Guatemala. Además, en un gesto de generosidad política incuestionable, el CSI apoyará la creación de una amplia Plataforma de Solidaridad con Chiapas en Aragón, a la que darán absoluto protagonismo.
Desde la creación de la Plataforma numerosas personas vinculadas al internacionalismo y la solidaridad comienzan a viajar a Chiapas para participar en los grupos de acompañamiento a las comunidades amenazadas (Campamentos Civiles de Paz).
Mesas de diálogo en San Andrés Sakanchem de los Pobres
El formidable movimiento nacional e internacional de apoyo al zapatismo obligará al gobierno mexicano a abrir un foro de debate con los insurgentes, en la búsqueda de una solución política al conflicto. En estas conversaciones, desarrolladas en una localidad de Los Altos denominada San Andrés, participará la dirección insurgente con los comandantes indígenas a la cabeza. Estos, se verán arropados por un amplísimo equipo de asesores mexicanos, provenientes de la sociedad civil y de la izquierda. Las comunidades indígenas organizaron multitudinarias cadenas humanas alrededor de la sede de las conversaciones para garantizar la seguridad física de los líderes insurgentes. En estos cordones solidarios participarán voluntarios aragoneses vinculados a la Plataforma. Las conversaciones entre gobierno e insurgentes se verán plasmadas en documentos pactados, denominados Acuerdos de San Andrés para la autonomía indígena. Estos acuerdos se consideran la estocada final al decrépito régimen de Partido-Estado, vigente en México desde los años cuarenta. Sin embargo, el final del gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional) arrastrará una sangrienta carga de asesinatos y violaciones a los derechos humanos por cuenta del ejército, las distintas y corruptas agencias policíacas y, sobre todo, los grupos paramilitares priistas.

La matanza de Acteal
Recompuesto el gobierno mexicano del primer impacto provocado por la rebelión zapatista, comenzará a articular una estrategia de aniquilamiento de la resistencia basada en los manuales contrainsurgentes de la llamada Escuela de las Américas, del ejército USA. En esta estrategia se reservan papeles diferenciados a los distintos agentes de la contrainsurgencia:
El ejército federal actuará como cordón sanitario, acorralando a los insurgentes y sus bases sociales en la selva, en espera de órdenes para entrar al aniquilamiento definitivo del EZLN.
Las distintas policías estatales y federales realizarán una labor de vigilancia y hostigamiento selectivo sobre el movimiento indígena, en coordinación con el alto mando militar.
Los grupos paramilitares, constituidos desde las bases caciquiles del priismo, se convertirán en el azote de la población civil para sembrar el terror y obligarles a abandonar sus comunidades.

La materialización de esta política en las distintas zonas del conflicto provocará cientos de muertos, a manos de policías y paramilitares, y decenas de miles de desplazados internos. En este paroxismo de sangre y violaciones a los derechos humanos se producirá la matanza masiva de los habitantes de una comunidad de Los Altos, Acteal, donde fueron asesinados a sangre fría cuarenta y cinco hombres y sobre todo mujeres y niños tzotziles, pertenecientes a la Asociación Campesina Las Abejas. Esta masacre tuvo lugar el día 22 de diciembre de 1997.

La matanza de Acteal levanta una oleada de indignación en México y también en muchas ciudades del mundo. Activistas de la Plataforma ocuparán, días después, los balcones de la embajada mexicana en Madrid, en protesta por los asesinatos. Serán desalojados violentamente por antidisturbios y detenidos en una comisaría del centro. La represión de la protesta no inhibe a los activistas aragoneses, que de inmediato se desplazarán a Acteal para integrarse en un campamento civil junto a los supervivientes de la masacre.

Aragoneses y aragonesas en los campamentos civiles
La represión contra las comunidades anima a viajar a Chiapas a miles de voluntarios de todo el mundo, que se integran en los grupos de acompañamiento a las comunidades. Esta marea solidaria, con fuerte presencia aragonesa, no podrá impedir que entre 1998 y 2001 se ejecuten constantes y sangrientas operaciones represivas, combinadas entre los tres actores del gobierno: Ejército, Policía y paramilitares.
La acción solidaria con Chiapas no solo se circunscribe a labores de acompañamiento a las comunidades hostigadas y de observación de los derechos humanos. Numerosas iniciativas desde reuniones estatales, continentales e incluso intercontinentales han contado con la presencia con la participación de la solidaridad aragonesa. Y no solo desde la Plataforma de Solidaridad con Chiapas. Otros colectivos como el Comité Oscar Romero, Apoyo Mutuo o el Colectivo de Apoyo Zapatista han contribuido dar protagonismo a la presencia aragonesa en el conflicto. En la actualidad, la constitución de Caracol Zaragoza, especie de delegación del movimiento indígena en nuestra comunidad, vuelve a articular de forma unitaria la acción solidaria en una fase que augura nuevos ataques sobre la autonomía indígena autoconstituída.

José Luis Martínez, El Negro