Número 26 de la calle San Vicente Paúl, sede de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza y habitual punto de encuentro y debate de diferentes colectivos sociales. Corren los primeros meses del año 1992 y se establece la jornada del domingo para una asamblea extraordinaria de la Asamblea Antimilitarista de Aragón, en la que se debate una nueva línea en la campaña de Insumisión en su cuarto año de andadura y que se presenta como «Insumisión Total».

Los diferentes colectivos e individualidades que entonces conforman la Asamblea parece que de antemano ya se han posicionado en pro o en contra de esta nueva propuesta y, pese a que el tenso debate se extiende a lo largo de toda la jornada, las posiciones que rechazan esta opción «total» de la Insumisión, casi como si fuese a significar una especie de cisma en el movimiento, relegarán a los que van a optar por ella a un segundo plano, muchas veces olvidados, durante toda la campaña de Insumisión en todos los foros, asambleas, debates, decisiones,… Pero vamos a ponernos en antecedentes para conocer cuál es esa propuesta de Insumisión Total.

Tras más de dos años de movilización, la confrontación con los militares se desvía con el cambio de legislación de la jurisdicción militar a la civil. La estrategia de negativa expresa a acudir al servicio militar y presentarse luego en colectivo a las autoridades militares (en Zaragoza el Centro regional de Mando de la vía San Fernando) para forzar resoluciones del juzgado togado militar de turno deja de ser viable al derivar las causas ya abiertas contra los insumisos, y las que a partir de ahora se abrirán, hacia los juzgados ordinarios. La opción que parece quedar es la de presentarse a los juicios para hacer de éstos una vía de denuncia pública e ingresar en prisión para hacer de los insumisos presos la punta de lanza del mensaje del movimiento antimilitarista.

Pero con la experiencia de los insumisos presos preventivos con la jurisdicción militar y la sentencia firme y cumplimiento del caso de Antonio Oriol y sin todavía saber cómo será la dinámica judicial, nos encontramos ante la posibilidad de convertir el movimiento antimilitarista en un movimiento sólo antirrepresivo y antipenitenciario. Surge así, tras asambleas estatales de colectivos cercanos al movimiento libertario, una alternativa a la sola instrumentalización de la cárcel como argumento de la Insumisión: considerando al insumiso como ejemplo de libertad de expresión, de conciencia, de objeción, debe permanecer activo y en la calle anteponiéndose a las acciones y sanciones penales; debe negarse expresamente por escrito (al igual que hizo al negarse a hacer la mili o la PSS) a acudir voluntariamente al juicio que se pretenda celebrar contra él, haciendo pública su decisión. De este modo se obliga al juez de turno a tener que suspender la vista decretando orden de búsqueda y captura contra el insumiso, que pasará a situación de rebeldía. Si es detenido, será encarcelado preventivamente a espera de juicio, al que se le llevará esposado (con lo esto que conlleva simbólicamente). Asimismo, si el insumiso tiene condena firme y fecha de cumplimiento en prisión, hará ver, mediante un escrito al juzgado correspondiente, que no ingresará voluntariamente, obligando así al magistrado a decretar orden de busca y captura.

A grandes rasgos, el mensaje de la Insumisión Total es claro: no voy a la mili, no acepto la prestación social sustitutoria, rechazo ir a juicio pues no reconozco el delito imputado y me niego a ingresar voluntariamente en prisión porque no acepto el castigo impuesto; si tengo que ir a la cárcel, que me detengan.

Pero desde la Asamblea Antimilitarista se le cierran las puertas a la estrategia de Insumisión Total y se toma la decisión de no trabajar ni apoyar esta vía, optando sólo por la asistencia a juicio e ingreso en prisión como única línea de campaña. De este modo, los colectivos e individualidades que defienden la Insumisión Total crean el CAMPI Aragón (Colectivo Antimilitarista Pro Insumisión), que mantiene representación en la Asamblea Antimilitarista hasta la creación de la Asamblea Ciudadana de Apoyo a la Insumisión (formada con la unión de fuerzas, colectivos, partidos y sindicatos que habían funcionado como Plataforma Ciudadana por la libertad de Antonio Oriol).
El CAMPI Aragón toma la decisión de abanderar el slogan de «ni mili, ni PSS, ni juicios, ni talego», en estrecho contacto con los colectivos que trabajan en esta línea en el resto del Estado.

Los primeros pasos ante los inminentes juicios y las primeras condenas se dirigen hacia la creación de la infraestructura suficiente para facilitar los casos de «clandestinidad» de los insumisos que serán puestos en busca y captura. Así, se crean grupos de apoyo capaces de optimizar esa situación de rebeldía ayudando al insumiso y denunciando su condición de represaliado. El desconocimiento de cómo se desarrollarán los acontecimientos hace que se deba estar preparado para posibles detenciones e inmediatos ingresos en prisión, de modo que el insumiso debe ser consciente del paso dado. El objetivo no es hacerlo desaparecer o que se escaquee del marrón que se le presenta, sino dar la cara y afrontar ese marrón desde el día de la vista judicial.

El año 1993 convierte a Zaragoza en campo de pruebas de la política represiva contra el movimiento y, mientras en otros puntos del estado los procedimientos judiciales se dilatan y apenas se dictan sentencias que conlleven prisión, los juzgados zaragozanos, junto a los de lruña, cumplen a rajatabla las directrices de la Fiscalía y condenan a los insumisos a la pena mínima que marca la ley de 1992, es decir, dos años, cuatro meses y un día de prisión para los insumisos declarados como tales a partir de esa fecha y un año de cárcel para los que se hubieran declarado antes del 92. En algo más de un año se van a producir en los juzgados zaragozanos unos cincuenta juicios; en los primeros los testigos son escuchados y el insumiso denuncia el militarismo, pero acaban siendo meras vistas de unos minutos en los que el juez ni siquiera permite la entrada de testigos y las concentraciones de apoyo se merman. Acaba el año 93 con los primeros insumisos con condena firme y con los primeros en rebeldía por negarse a acudir a juicio ( Raúl, Fernando, Termi) o a prisión (Luis, Marshall). A todo esto se une el desalojo de la Casa Okupada de la Paz, espacio liberado en el paseo de Sagasta y punto de encuentro de los diferentes colectivos de la ciudad, entre ellos el colectivo insumiso.

En enero del 94 ingresan los primeros insumisos con condena firme (José Antonio, Chabi, Pitu,…) y se produce la primera detención de uno en rebeldía (Marshall). Desde la Asamblea Ciudadana se lanza la campaña de las 5000 razones por la desmilitarización, con grandes movilizaciones como la antorchada sobre el Ebro, la cadena humana que unirá la cárcel con el edificio de Capitanía general y la manifestación de cierre de campaña. Mientras, el 15 de mayo se realiza el primer plante al tercer grado por parte de tres insumisos encarcelados en Torrero (Chabi, Pitu y Txabi). Un segundo plante se protagonizará por otros tres insumisos en diciembre (José Luis, Fito y Manuel Ángel) y un tercero en marzo del año siguiente (Manuel, Sergio y Javier).

Tras una primera época en la que los insumisos «totales» extreman las medidas de seguridad, el desarrollo de los acontecimientos, donde existe cierto desahogo en la represión y es palpable que no entra en los planes policiales ir a por los insumisos en busca (excepto en algún caso, como la detención de Salva o Txampi), el día a día de estos insumisos va siendo más acorde con la normalidad, trabajando y participando activamente en la lucha antimilitarista.

El CAMPI continúa formando parte de la Asamblea Ciudadana en un momento en el que se multiplican los casos de cárcel y rebeldía y apuesta por la unidad de acción apoyando las distintas opciones y estrategias, respetando las individualidades, incluso las de aquellos insumisos que, con condenas de un año, firman la remisión condicional con lo que evitan el ingreso en prisión (aunque la Asamblea de Insumisos acordara negarse a ese beneficio y forzar la orden de ingreso en solidaridad con los condenados a más de dos años). Así, participa en acciones de apoyo a insumisos que acuden voluntariamente a juicio o a la cárcel y en las campañas en solidaridad con las movilizaciones de los presos (huelgas de hambre, de frío, plantes al tercer grado,…). En abril del 94 se publica el primer número del boletín informativo antimilitarista del CAMPI Aragón que se denomina “Güella Negra” (oveja negra en lengua aragonesa), con su vertiente radiofónica en la emisora libre Radio Topo, y que en su último año de existencia se convertirá, incapaz de competir con la inmediatez informativa de las nuevas tendencias informáticas, en un boletín de contraopinión y autodefensa emocional, utilizando la ironía para tratar la actualidad.

El 20 de mayo de este 1994 tres insumisos del CAMPI, que llevan varios meses en busca (Fernando y Guillermo por no ir a juicio y Luis, con condena de 2 años, 4 meses y un día), se unen a José Luis (condenado igualmente a 2.4.1) con el que comparten militancia en el Kolectivo Antimilitarista Exea (KAE, con sede en Ejea de los Caballeros, colectivo que lleva el antimilitarismo al núcleo rural) y protagonizan una acción en Ejea en la que fuerzan su detención, acompañados por una gran movilización ciudadana. Fernando y Guillermo, tras pasar unas semanas en prisión, serán llevados a juicio y condenados a un año de cárcel; tras rechazar la remisión condicional serán de nuevo puestos en busca y captura por negarse por escrito al juez a cumplir la sentencia. Ambos acabarán cumpliendo la condena tres años más tarde al ser detenido el primero y forzar el ingreso el segundo.

Se va generando un abanico de situaciones dispares en el colectivo (los que van a juicio y los que no, los que son condenados a un año y los que lo son a 2.4.1, los que firman la remisión y los que no lo hacen, los que ingresan voluntariamente en la cárcel y los que no, los que una vez presos hacen el plante y los que no, los que están en régimen abierto y los que están en segundo grado…) que a menudo llevan a divisiones internas. Con la Insumisión Total se intenta romper las estructuras que invitan al personalismo, todos los insumisos son iguales, al enfrentarse a una orden de busca y captura, la división es menor, la lucha es global. El insumiso en «clandestinidad activa», «total», «rebelde» o «invisible» adquiere un compromiso individual que le hace protagonista de su propia historia y no protagonista del movimiento, así es este movimiento el que puede valerse de él, eligiendo un momento adecuado para asumir los riesgos reales de una detención que no coja por sorpresa o sumarse a algún golpe de efecto como en la entrega de Ejea o como la acción llevada a cabo en junio de 1995 cuando, en respuesta a la detención del insumiso total Salva, diez antimilitaristas, entre ellos seis insumisos en busca y captura, pintan a plena luz del día los muros del Centro Regional de Mando, asumiendo una posible detención que no se llega a producir porque en el momento en que la policía hace acto de presencia, la acción hace rato que ya ha concluido (no está, pues, pensada para forzar detenciones sino que es una acto del colectivo con riesgos asumidos por los insumisos que saben que una simple identificación policial significa ingreso en prisión y que la cárcel sería entonces una prolongación de la lucha codo con codo con el resto de insumisos presos, que en este verano del 95 ya suman veintinueve en la cárcel de Torrero (siete en segundo grado y veintidos en régimen abierto).

En el año 1996 se introduce, en los últimos coletazos de la era socialista de Felipe González y con el protagonismo del ministro de justicia e interior Juan Alberto Belloch (responsable, antes de ser alcalde de Zaragoza, de todo el sistema penitenciario, con sus cientos de presos de conciencia, sus reclusos terminales, sus muertes, sus vejaciones, sus políticas de dispersión…) un nuevo Código Penal en el que no sólo no se eliminan las penas de cárcel (rompiendo el acuerdo parlamentario a tal efecto) sino que, además, se añaden inhabilitaciones de carácter administrativo. De los consiguientes debates para recanalizar estrategias y retomar iniciativas por parte del movimiento antimilitarista, la opción de la Insumisión Total mantiene intacta su validez porque se antepone a los procesos judiciales, pero carece de fuerza suficiente para aunar las inquietudes del resto del colectivo insumiso. A la vez, desde el MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) y a nivel estatal, se lanza la Insumisión en los cuarteles promoviendo la deserción de la mili.

En este año se produce la derrota electoral del PSOE y el ascenso al poder del PP gracias al apoyo de la burguesía nacionalista (CIU, PNV, CC); uno de los pactos de esta alianza será el anuncio del final del servicio militar durante esa legislatura. Durante el año siguiente se multiplican las declaraciones que anuncian revisiones de condenas y próximas excarcelaciones, pero lo cierto es que no será hasta junio de 1998 cuando por fin, después de casi cinco años ininterrumpidos de insumisos cumpliendo condenas en prisión, se produce la salida del último preso. A lo largo del año 99 se van notificando la prescripción de las causas abiertas contra los insumisos en busca y captura, al cumplirse cinco años de la orden. Tras el último reemplazo que es obligado al cumplimiento del servicio militar y de la prestación sustitutoria, se precipita la profesionalización del ejército y así se da carpetazo a las causas contra los insumisos al desaparecer el supuesto delito

Guillermo Ladrero