Media mañana. 23 de noviembre de 1990. Viernes. Ha habido paros en catorce institutos de Zaragoza convocados por la Coordinadora de Enseñanzas Medias por la Insumisión. Unas quinientas personas se concentran en la Plaza San Francisco para dirigirse al CRM a una nueva presentación de insumisos ante las autoridades militares, organizada y convocada por la Asamblea por la Desobediencia a la LOC. Avanzan tras una pancarta en la que se lee “La mili mata, no vayas”. En la esquina de la Vía San Fernando con el paseo de Cuéllar esperan numerosos policías nacionales con su material antidisturbios; en los alrededores, como en todas las concentraciones, presentaciones y manifestaciones, esperan impacientes varias furgonetas de la policía. Se impide el paso hasta las puertas del CRM y sólo los diez insumisos con los tres abogados pueden llegar a ella. De los diez únicamente son admitidos los cinco que habían recibido citación judicial, que entran con los abogados. Tal vez alguno no salga y suba directamente a la cárcel de Torrero (lo “legal” sería que los cinco fueran detenidos inmediatamente). Fuera, en el césped que rodea el cuartel se han clavado una docena de cruces en memoria de los jóvenes fallecidos durante el Servicio Militar. Rápidamente quedan situadas detrás de la policía que se interpone entre ellas y los manifestantes. Se gritan consignas anti-mili y antimilitaristas. Se espera. Se hace largo. No se sabe nada de dentro. Finalmente salen los cinco insumisos con los abogados. De nuevo, las autoridades no han tenido valor de aplicar la ley y dejan, de momento, libres a los jóvenes… ¿Hasta cuando?…

Pero echemos marcha  atrás en nuestra máquina del tiempo. ¿Qué era eso del Servicio Militar Obligatorio (SMO)? Popularmente conocido como “mili”, fue heredado de la dictadura franquista y bendecido por la constitución española de 1978. En esos momentos (mediados de los ochenta) consistía en un año sirviendo gratuitamente al ejército, por parte de todos los jóvenes varones en cuanto cumplían los dieciocho años, en cualquier cuartel del Estado Español.

Hasta ese año al movimiento de objeción de conciencia al SMO en el Estado se personalizaba en Pepe Beúnza que abrió la vía con su Consejo de Guerra y encarcelamiento en Valencia allá en 1971. Durante los siguientes años van apareciendo, de forma más o menos coordinada, grupos de objetores hasta que en 1977 forman el Movimiento de Objetores de Conciencia (MOC). En Zaragoza se plasmará en el Colectivo de Objeción y Antimilitarismo (COA).

No quiero hacerme pesado con las fechas pero tenemos que seguir “situándonos” en este escenario para fijarnos en 1984 (pensemos que dos años antes en España ha  habido un intento de golpe de Estado). Este año se aprueba la Ley Objeción de Conciencia (LOC), exactamente el 28 de diciembre ¡día de los Santos Inocentes! El MOC ya ha anunciado que no la acatará. Mientras tanto surgen nuevos colectivos antimilitaristas y anti-mili, como MiliKK, y se lanza una campaña de objeciones colectivas mientras la LOC es recurrida al Tribunal Constitucional (entre otros por el Defensor del Pueblo). Es evidente que su aprobación será cuestión de tiempo por lo que el movimiento de objeción va a empezar a tomar la iniciativa.

Resituémonos, pues, en la Zaragoza de mediados de los ochenta y veamos la oferta que un joven, varón, de la milenaria Cesaraugusta, recibía del Estado Español al cumplir su mayoría de edad. Un Servicio Militar Obligatorio de un año, en cualquier lugar del Estado (incluidas islas) al que se accedía a través de un sorteo (los denominados “sorteos de quintos”). Un pequeño cupo podía quedar exento por el sorteo pero el resto conocía en ese momento su destino. El SMO, hijo de la dictadura, además de perpetuar todos los valores militaristas y castrenses: violencia, sumisión (obediencia ciega, lo llamaban), machismo, jerarquización, autoritarismo… presentaba en esos momentos datos dramáticos como 1.724 accidentes con 215 muertos en 1988 (969 muertos entre 1985 y 1990), o un suicidio cada dos meses. Frente a esto, el Estado ofrecía a quien objetaba una Prestación Social Sustitutoria de año y medio (más tiempo que la mili). Pero ¿quién decide si nuestro joven zaragozano es un auténtico objetor? Pues el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC) que puede decir que sí o que no.

Bueno, pues aquí estamos y aquí estaban los jóvenes objetores que en 1987 deciden constituir en Zaragoza la Asamblea por la Desobediencia a la LOC (¿recordáis las siglas o ya os habéis perdido?). El nombre no deja dudas. La estrategia había sido debatida y  confirmada por todos los grupos anti-mili del estado (en Zaragoza en torno al COA y MiliKK) en asambleas territoriales, en nuestro caso se acudió a Orio (Gipuzkoa). La estrategia era clara. Antimilitarista y no violenta, basada en la desobediencia civil. Se desobedecía la ley porque, además de no resolver de ninguna forma (no hay nada que resolver) la cuestión ética de la objeción de conciencia, legitimaba y perpetuaba el SMO y con ello al ejército y sus valores. La negativa de esos jóvenes a realizar mili y PSS obligaba al Estado a detenerlos, juzgarlos y encarcelarlos por cometer un delito. El gobierno del PSOE que presidía Felipe González debería asumir las consecuencias de tener en “la España del 92” presos de conciencia en sus cárceles y comenzar un pulso con la sociedad civil. Esta estrategia, dirigida hacia la abolición del SMO y el cuestionamiento de los ejércitos, se denominó por parte del movimiento de objeción Insumisión y se presentó públicamente el 28 de febrero de 1989 con la primera presentación de insumisos en cuarteles de todo el estado.

Como digo, en los primeros años todo el trabajo que implicaba esta campaña se gestionó en Zaragoza desde la Asamblea por la Desobediencia a la LOC. Anteriormente había funcionado una Asamblea de Insumisos en la que jóvenes en situación de objetar intercambiaban opiniones y experiencias frente a los nuevos acontecimientos. Respecto a la Asamblea debemos llamar la atención de una circunstancia que no fue generalizada en todo el Estado: el carácter unitario de ésta. Aunque no era una plataforma de colectivos en ella se reunieron a trabajar todas las personas motivadas por la lucha contra la existencia del SMO, fueran cuales fueran sus referencias políticas personales. Allí confluían jóvenes procedentes de las JCR (Juventudes Comunistas Revolucionarias) o las JAR (Juventudes Aragonesas Revolucionarias), libertarias/os, independientes, militantes en colectivos antimilitaristas y de no violencia (COA-MOC), cristianos de base… Ello exigió mucho debate, predisposición al consenso, voluntad de encontrar puntos de encuentro, pero también mucha fuerza aprovechada y ninguna desperdiciada, una referencia social clara frente a la ciudadanía y una obligada autonomía política respecto a cualquier grupo o, por supuesto, partido político. Como digo, este hecho no era el habitual en otras ciudades; en la mayoría convivían (bien, también es cierto) cuando menos el MOC y Mili-KK, en algunas ciudades grupos libertarios y en Euskadi y Navarra, Kakitza a la que unos años después de iniciada la campaña se uniría Jarrai. Así que, reconozcamos alguno de nuestros “hechos diferenciales”.

La Asamblea estaba abierta a cualquier persona interesada en trabajar, aunque mayoritariamente estaba compuesta por jóvenes (mujeres y hombres) que eran los directamente afectados. Posiblemente ésta sea otra clave que define esta lucha. Su trabajo era metódico: reuniones semanales desde que se constituyó y trabajo simultáneo en comisiones (prensa, movilizaciones, contactos, propaganda…). En las asambleas se decidía todo lo que tenía que ver con la campaña: fechas, acciones, tipo de acciones, sentido de éstas, nuevas líneas de lucha o de trabajo, etc. Las primeras reuniones se realizaron en los bajos del bar Entalto, en la calle Mayor, y pronto subirían a la “Casa de la Paz”, en el Paseo de Sagasta. Este lugar, además de espacioso, tenía una simbología especial para la propia campaña y frente a la ciudadanía, aunque también algunas incomodidades, como reunirse con velas durante todo el invierno por falta de luz (de la calefacción no hay ni que hablar). Allí se compartía local con otros grupos que seguro aparecerán en este libro.

Los primeros años vinieron marcados por los trámites administrativos que implicaba la desobediencia y que se utilizaban como altavoz y “arma” de la lucha. El joven insumiso no había acudido al cuartel en la fecha señalada (o al puesto de la PSS si antes había sido reconocido objetor por el Estado) y, previamente, había anunciado esa circunstancia al ejército por escrito. Debería en ese momento pasar, por parte de la justicia militar, a la situación de “búsqueda y captura” para detenerlo y ponerlo a disposición de un juez militar que le convocaría a un Consejo de Guerra con una petición de condena de unos dos años. Como nada de esto ocurría, periódicamente coincidiendo con el ritmo de las “incorporaciones a filas”, se realizaban presentaciones de insumisos en el Centro Regional de Mando (CRM) de la Vía de San Fernando. Allí acudían los insumisos arropados por simpatizantes en organizada manifestación, acompañados por los abogados que voluntariamente colaboraban con la campaña y entregaban de nuevo por escrito su negativa a realizar la mili. En ese escrito aparecían igualmente las firmas de cuatro personas autoinculpadas de haber apoyado y convencido al joven de que realizase el delito; su condena podía ser la mitad de la pena del delito. Estos autoinculpados eran, por un lado, gente próxima al insumiso y también otros con algún tipo de relevancia en la ciudad: sindicalistas, artistas, músicos/as, sacerdotes, políticas/os… En estas presentaciones rara vez había detenciones; se preferían hacer con nocturnidad y alevosía: en el andamio de la obra, en el local de ensayo o en el tractor yendo al campo son sólo tres de los casos que se dieron. Sin embargo alguna vez sí que hubo insumisos que no salieron por su propio pie con los compañeros y viajaron directamente a la prisión de Torrero, este fue el caso del primer insumiso preso (en prisión preventiva) de Aragón: Javier Acevedo el 8 de junio de 1989.

Un insumiso preso implicaba una nueva dinámica de trabajo, más dura para el implicado, más exigente para el movimiento, pero muchísimo más rentable social y políticamente. Ya no sólo se pedía la desaparición del SMO o el derecho a objetar. Se exigía la liberad de un joven, preso por negarse a hacer la “mili”: la libertad para un preso de conciencia. Estas permanencias en prisión preventiva no eran muy dilatas (en torno a un mes, dependiendo del juez) por lo que debían tener una respuesta rápida y con repercusión. En torno a estas situaciones se dieron acciones tan “mediáticas” como el encierro durante 24 horas de varios jóvenes en lo alto de una de las torres del Pilar, colgando dos pancartas solicitando la libertad y en contra de la mili (esta acción apareció en medios escritos de todo el estado), el “secuestro” de treinta placas de calles de Zaragoza con nombres de militares franquistas, o acampadas en los muros de la prisión de Torrero. En los periodos en los que no había presos preventivos, y antes de que empezasen a llegar los juicios, se mantenía un trabajo constante de sensibilización con charlas en institutos, pueblos, asociaciones, o creando una oficina de información en el Consejo de la Juventud de Zaragoza; y a la vez un trabajo de presencia en la calle y en los medios de comunicación con manifestaciones y concentraciones en fechas señaladas, o acciones como el tapiado de la oficina municipal de reclutamiento, la pintada de rosa de la estatua de Millán Astray en el monumento a la Legión, la presentación de una denuncia en los juzgados a un general de Zaragoza por injurias a los insumisos en un discurso, ayunos colectivos o encadenamientos en el paseo de Independencia.

En 1990 la insumisión ya es una realidad. En Aragón hay treinta jóvenes insumisos de los que sólo tres han pasado por prisión preventiva. En todo el estado hay dos mil insumisos y sólo ciento treinta detenidos. Y la PSS está naufragando por falta de entidades que se ofrezcan a recibir objetores “legales” por la presión y campaña de desprestigio que se realiza desde el movimiento de objeción (otra parte de la estrategia). Llegamos a 1992 y al primer insumiso que en Aragón comienza a cumplir condena en firme por delito de insumisión: Antonio Oriol. La pena rebasaba el año y la perspectiva era una campaña larga solicitando su libertad y rentabilizando social y políticamente su situación. Se crea una “Asamblea Ciudadana por la Libertad de Antonio Oriol” que amplía el movimiento a todos los espacios sensibles de la sociedad y que propone y respalda acciones y movilizaciones exigiendo su libertad. Convocó una manifestación en la que participaron entonces tres mil  personas, organizó todo tipo de actos como un memorable concierto de Lluís Llach en el ya desaparecido “Auditorio del Rincón de Goya”. Antonio cumplió condena durante ocho meses. Primero en la prisión militar de Alcalá de Henares (recordemos que había tenido un Consejo de Guerra), pero durante su cumplimiento, el gobierno, en un maniobra que lavase la imagen del ejército y desviase de esa institución la atención, realizó una reforma penal por la que todos los delitos de insumisión serían juzgados por tribunales civiles. Así, Antonio fue trasladado un tiempo a la prisión de Torrero para acabar de cumplir condena en la alavesa de Nanclares de  Oca.

A partir de ese momento los juicios empiezan a hacerse masivos y son de nuevo utilizados como altavoz para la campaña. Y empiezan a aparecer sentencias dispares. En Zaragoza no tuvimos ninguna absolución pero sí condenas de tres meses (que no implicaban prisión) frente a condenas de año y medio. Se crea en este ambiente un nuevo grupo desde el movimiento que es la «Asociación de Madres y Padres de Insumisos de Aragón» que dará nuevas y renovadas energías a la lucha dentro y frente a la sociedad. También la “Asamblea por la Desobediencia a la LOC” decide cambiar de nombre para ampliar su campo de trabajo y de acción por el de “Asamblea Antimilitarista de Aragón”.

Los encarcelamientos por sentencias empiezan a realizarse por todo el Estado con la disparidad que ofrecen (por debajo de un año el joven puede acogerse a la libertad condicional y no ingresar en prisión) y en el seno de la Asamblea surgen debates que plantean distintas respuestas frente al Estado. Así, una parte de los insumisos plantea una desobediencia mayor con la no comparecencia en los juicios ni en la prisión, pasando a una situación de rebeldía. Éstos constituyeron un nuevo grupo denominado Colectivo Antimilitarista Pro-Insumisión (CAMPI) que trabajó en esa línea apoyando y creando una red en torno a todas esas opciones. La Asamblea Antimilitarista con el COA decidió seguir explotando la posibilidad del ingreso en prisión planteando la renuncia a firmar la libertad condicional, obligando al juez a encarcelar aunque la sentencia fuese inferior al año.

La insumisión avanza. En 1994, tres mil personas realizan una cadena humana desde el edificio de Capitanía General, en la plaza de Aragón, hasta la cárcel de Torrero que encierra ya en ese momento a seis insumisos cumpliendo distintas condenas. Al año siguiente llegará a haber treinta insumisos en prisión en régimen de segundo o tercer grado…

En 1995 se aprobará el nuevo Código Penal que elimina la pena de cárcel para el delito de insumisión, convirtiéndola en inhabilitación. En 1996, con 348 insumisos presos en todo el Estado, 54 de ellos en segundo grado, y 130.000 solicitudes de objeción de conciencia al CNOC (de los que sólo una quinta parte realizarán la PSS) el PP gana las elecciones y anuncia la profesionalización del ejército y el fin del SMO para 2003. El MOC inicia una nueva campaña de “insumisión en los cuarteles” y presenta los primeros insumisos-desertores. En 1998 se rebaja el periodo de inhabilitación para los insumisos y se dan los primeros indultos, se iguala la duración de la PSS al SMO. En 2000 quedan doce  insumisos-desertores en la prisión militar de Alcalá de Henares y el gobierno del PP anuncia que adelanta al 2001 el final de SMO. En 2001 hay 76.000 soldados profesionales de los 102.000 previstos en los planes de defensa. En 2002 el gobierno se ve forzado a reformar de nuevo el Código Penal y el Código Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión: amnistía para cerca de cuatro mil insumisos…
En las calles escondidas de este libro seguro que hay muchas más historias que hablan de Insumisión. Paséalas.

José Juan Lanuza