Era la noche del lunes día uno de septiembre de 1997. En el pabellón de régimen abierto de la cárcel de Torrero, como cada noche antes de dormir, nos juntamos los últimos cinco insumisos que cumplíamos condena en tercer grado. Y es que mientras Ronal permanecía en segundo grado, Fernando y yo íbamos por el tercer mes de nuestra condena de un año, Francisco Javier cumplía también el tercer mes de una condena de dos años, cuatro meses y un día, a Javier apenas le quedaban unos días para acceder a la libertad condicional y Enrique Mur, Kike, que ya había cumplido la parte de la sentencia que le daba también derecho a la condicional, seguía cumpliendo condena por un parte continuado al negarse a hacer las brigadas de limpieza de fin de semana (parte que acumulamos muchos de los insumisos presos) y además tenía el horario restringido con lo que, mientras los demás sólo íbamos al talego a dormir, Kike tenía que acudir al mediodía a comer y luego regresar antes por la noche.

Aquella noche, cuando Kike, que era uno de los presos más veteranos de la sección abierta y conocía al dedillo los trámites burocráticos carcelarios (a menudo los presos sociales acudían a él para rellenar las instancias necesarias para cualquier petición, denuncia o solicitud al juez o al centro), entró recién duchado en nuestro chabolo pidiendo un pitillo para antes de dormir yo ya estaba tumbado en mi litera y recuerdo que la conversación que tuvimos, entre risas, era referente a la muerte de Lady Di, suceso acaecido unos días antes. Javier fue el primero en recogerse en el chabolo que compartía con Kike y otro recluso mientras que Francisco Javier, Fernando y yo ocupábamos el de enfrente. Las celdas de este pabellón no estaban cerradas con llave como en las galerías de régimen cerrado y había cierto ir y venir  antes de dormir. Como cada noche, a las doce ya estábamos dormidos.

Unos fuertes gritos nos despertaron poco antes de las dos y cuarto de la madrugada. Son algo intrínseco a los muros de la cárcel y te puedes llegar a acostumbrar a oírlos desde la cama, así que la alarma no saltó hasta que Javier abrió nuestra puerta avisándonos de que Kike estaba muy mal, que había sufrido un ataque. De inmediato salimos al pasillo  donde algunos presos habían acudido igualmente alarmados y entre varios sacaron a Kike, inconsciente, de su celda. El funcionario de servicio en la sección abierta ya había sido avisado para que llamase a algún servicio médico de la prisión y, siendo patente la gravedad de la situación, a una ambulancia que lo llevase a un centro hospitalario; pero simplemente se dedicaba a observamos a unos metros y a disimular su nerviosismo y su incapacidad de enfrentarse a esta situación. Como estábamos seguros de que las asistencias tenían que estar llegando, entre varios presos bajamos a Kike con un colchón hasta la salida del pabellón, una simple puerta con llave que daba directamente a la calle y que el carcelero mantenía cerrada. Javier intentó a su vez acceder al teléfono público del pabellón para llamar a urgencias y el funcionario se lo impidió con un contundente «¿pero dónde te crees que estás?, aquí no se hacen así las cosas». Instamos de nuevo al carcelero para que volviera a llamar al médico y a la ambulancia mientras Fernando intentaba realizar improvisadas maniobras de reanimación a Kike, que había perdido el pulso. Pasaban ya tres cuartos de hora desde la primera alarma y allí no venía ninguna ayuda. Un preso, que tenía el coche con el que a diario se iba a trabajar aparcado justo fuera, se brindó a llevar él mismo al enfermo al hospital y recibió del funcionario una negativa entre irónicas muecas.

A las tres y diez hizo aparición otro carcelero y el jefe de servicio que, ante el estupor de todos nosotros, llegó a la conclusión de que había que llamar a una uvimóvil y así lo hizo. Había transcurrido casi una hora y Kike no sólo no había recibido ninguna asistencia, sino que ni siquiera la habían solicitado desde la prisión. De hecho, el parte de intervención del cuerpo de bomberos que recibió la llamada y que mandó la ambulancia refleja claramente la hora del aviso: 3h. 11m. del dos de septiembre.

A las tres y cuarto hizo acto de presencia el médico de la cárcel, don Maximiliano, con un cigarro en una mano y nada en la otra. Se agachó ante Kike, le tomó el pulso con dos dedos y preguntó: «¿Este chico se pincha?». Sin poder salir de nuestro asombro lo negamos categóricamente y él respondió: «Ya se verá en la autopsia». Esas palabras y esa actitud fueron la única asistencia médica que la cárcel ofreció a Kike.

A las tres y veinticinco apareció la uvimóvil de bomberos y entraron dos ATS provistos de guantes de goma que le tomaron el pulso, miraron sus pupilas y solicitaron una camilla. Como no cabía por la puerta  entre varios lo sacamos a la calle y al depositarlo en la camilla el funcionario jefe de servicio frenó la carrera hacia la ambulancia, entorpeciendo la labor del personal sanitario, para tomar las huellas de Kike, procedimiento habitual cuando un preso sale de permiso. Lógicamente le recriminamos esa acción en tan crítico momento y su respuesta fueron amenazas e insultos, reflejo de la calaña de ese personal del que depende la seguridad dentro de la cárcel y que es capaz de intentar salvarse las espaldas y falsear pruebas para hacer creer que Kike salió con vida del centro penitenciario.

Cuando la ambulancia partió hacia el hospital, una media hora después (durante la cual, según consta en el parte de intervención de los bomberos, realizaron diferentes maniobras de reanimación sin conseguirlo) y todavía con los nervios a flor de piel sin acabar de creer la pesadilla que acabábamos de vivir, conservamos la sangre fría para hacer un relato por escrito de lo sucedido, ordenando las escenas y apuntando las horas en las que todo había pasado. Haciendo uso de ese mismo teléfono que antes nos prohibieron utilizar para llamar a los servicios de urgencias, localizamos a Martín, compañero insumiso en libertad y que había coincidido en prisión con Kike. A esas horas de la madrugada Martín fue al hospital y a las ocho de la mañana ahí estaba, en la puerta del talego para informamos de que Kike había ingresado cadáver y que su familia, sus hermanos, estaban ya al tanto de la triste noticia.
Desde esa misma tarde y desde la Asamblea Ciudadana de Apoyo a la Insumisión se lanzó una campaña de denuncia de lo sucedido y de exigencia de responsabilidades, tomando entonces la decisión de emprender acciones legales contra la cárcel por omisión de socorro y negligencia. Mientras nuestros mensajes y comunicados eran escrupulosos y ciñéndose siempre a la realidad de cómo se produjeron los hechos, la prensa ya desde el día 3 de septiembre daba la versión oficial según las fuentes de la Delegación de Gobierno: se decía que Kike se sintió enfermo alrededor de las dos de la madrugada; sus compañeros avisaron a los servicios médicos del centro que le atendieron inmediatamente y, al no poder reanimarle, avisaron a la uvimóvil de bomberos, que luego trasladó al joven al hospital Miguel Servet, donde murió. La consigna que teníamos era, pues, centrarnos en la realidad de los acontecimientos, en las horas en las que sucedió todo, ya que cualquier otra versión se caería por su propio peso y, destapando a los responsables, nunca a otro preso se le volvería a omitir el auxilio.

La Asociación de Familiares de Insumisos de Aragón (inscrita en el registro de asociaciones del Gobierno Civil) presentó, con fecha de 20 de octubre de 1997, una querella criminal en ejercicio de la acción popular por los presuntos delitos de omisión del deber de socorro e imprudencia profesional contra la persona que, en la fecha de los hechos, asumía las atribuciones propias del director del centro penitenciario, contra el jefe de los servicios médicos y contra quienes pudieran resultar afectados por estos hechos, así como la petición de toma de declaración de las personas querelladas, del jefe de servicios con turno esa noche, del funcionario encargado de la sección abierta aquél día y del médico de la prisión. Por su parte, los familiares de Kike iniciaron otro proceso por lo contencioso administrativo por responsabilidad patrimonial de la Administración Penitenciaria.

El 9 de diciembre de 1997 se recibió el resultado de la autopsia donde se apuntaba que la muerte fue por ingestión de arsénico, accidental o conscientemente, concentrándose en sangre en niveles superiores a una intoxicación aguda. Con fecha del 16 de febrero de 1998, el juez de instrucción n° 7 dictó un auto en el que decretaba el sobreseimiento y archivo de las diligencias, sin realizar las pruebas solicitadas, basándose en que, dadas las circunstancias, el interno hubiera muerto con médico o sin él y adjuntaba varios folios con los resultados de la autopsia.

Cuatro días después, el 20 de febrero, se recurrió el auto apuntando nuevamente a la presunta negligencia profesional y omisión del deber de socorro o auxilio, independiente del resultado de muerte, máxime siendo interno de un centro penitenciario. Y con fecha de 3 de abril, la Audiencia acaba desestimando el recurso remitiendo al anterior auto del juez de instrucción y decretando sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

Hasta este momento, el clima que se respiraba entre los funcionarios de la cárcel de Torrero era de desconcierto, se sabían culpables de aquella negligencia y eso se transmitía en el trato hacia los insumisos, siempre de cierta chulería y durante ese tiempo de sorprendente respeto. Pero con la sentencia de la Audiencia volvió la normalidad… Así, la vela que cada noche de lunes poníamos en la puerta del chabolo de Kike (desocupado durante bastante tiempo) pasó de ser respetada a ser requisada con amenazas de parte sancionador.

La noticia de la muerte de un insumiso en prisión corrió como la pólvora y en diferentes ciudades de todo el Estado se produjeron movilizaciones de protesta. Incluso en las más altas instancias políticas, hasta que no se decretó el sobreseimiento, no sabían cómo atajar el tema. Mayor Oreja, el entonces Ministro de Interior del gobierno del PP, en comparecencia el 17 de septiembre en el Congreso ante pregunta de una diputada de Eusko Alkartasuna manifestó que referente a lo sucedido en la cárcel de Torrero no dudaba de la profesionalidad de sus funcionarios y que, además, según sus informes, Kike era un preso que no había dado ningún tipo de problemas, correcto, educado e incluso que su aspecto no correspondía con el prototipo de insumiso…

También en enero, en abril y en septiembre del 98, ante consultas de diputados del PAR, de NI (Nueva Izquierda) y de IU se preguntó al Ministerio de Interior sobre las circunstancias de la muerte del insumiso. En esas comparecencias se hacía referencia a una Información Reservada que, a instancia del Director General de Instituciones Penitenciarias, se practicó en la cárcel zaragozana; en ella se reflejaba que no sólo el director del centro tomó declaración a los funcionarios y al médico e intentó hacer lo mismo con el compañero de celda de Kike (que dijo que lo que tuviera que declarar lo haría ante el juez), sino que lo más asombroso es que tanto Instituciones Penitenciarias como el director de la cárcel contactaron con el Juzgado de Instrucción n° 7 para obtener información sobre las diligencias previas que se estaban realizando.

En marzo de 1999 la Asociación de Familiares compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cortes de Aragón para solicitar el apoyo de los grupos parlamentarios a un amplio dossier con toda la documentación recopilada sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Kike y que se remitiría al Defensor del Pueblo y al Consejo General del Poder Judicial para reabrir y examinar el caso. Todos menos el PP parecieron dar su apoyo, lo que significaba un respaldo de las Cortes a la iniciativa (como así publicó la prensa). La sorpresa nos la llevamos cuando, al solicitar las actas, resultó que el apoyo que nos habían dado era moral, y que las Cortes Aragonesas no nos respaldaban… De todas formas, una representación de la Asociación de Familiares y del colectivo de insumisos tuvimos una entrevista en el Consejo General del Poder Judicial con un senador del PNV que, si bien en principio parecía interesado, resultó no estar al tanto del dossier que le habíamos remitido y acabó afirmando que si el juez de instrucción había sobreseído el caso no había nada que hacer.

Hasta ahí la historia de lo sucedido y del tortuoso embrollo jurídico-político que nos llevó a ninguna parte. Hasta ahí las escasas esperanzas que el sistema político y el judicial nos inspiraban para denunciar el triste final de un compañero insumiso que la cárcel nos devolvió muerto; hasta ahí la confianza en que la Administración fuera capaz de sanear sus cloacas para que nada parecido volviera a suceder. Era, pues, necesario este relato para que no se olvidara lo que pasó esa madrugada del dos de septiembre y cómo ese sistema que nos encarceló durante una década, fue incapaz de ayudar a Kike, ni antes ni después de su muerte. Nos queda la verdad y el recuerdo gracias en parte al gran trabajo de Asun, de la Asociación de Familiares, que se echó a la espalda el proceso, recopiló toda la documentación, redactó los informes y se entrevistó con políticos y burócratas de toda índole.
Salud e insumisión.

Guillermo A. Ladrero