Las décadas de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado estuvieron marcadas por una fuerte actividad tanto sindical como política. La muerte del dictador, las primeras elecciones políticas, el Estatuto de los Trabajadores, los Pactos de La Moncloa…. la tan alabada transición, donde los elementos del régimen anterior controlaron el proceso, con la colaboración de los grandes partidos de la izquierda y los sindicatos mayoritarios. La ruptura democrática, exigida por la parte más consecuente y comprometida de la izquierda no se produjo y la democratización de los diferentes estamentos del Estado no se llevó a cabo.
Desde entonces estamos pagando esa falta de firmeza de la izquierda institucional y los sindicatos mayoritarios. Hoy asistimos a una fuerte ofensiva de la derecha más cavernaria y la iglesia más retrógrada contra los derechos que tanto costó conseguir.

En el movimiento sindical había un gran debate sobre el papel que tenían que jugar los sindicatos, sobre la toma de decisiones, tanto en la organización como en el seno de la empresa, sobre la negociación colectiva en la empresa y los convenios provinciales y sectoriales, sobre la elección de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, con las listas abiertas (poder elegir entre todos los candidatos y candidatas) o cerradas (poder elegir a los candidatos y candidatas de una sola lista). Nuestro objetivo era tener suficientes garantías, para que en los comités de empresa estuviesen las mejores personas, las más comprometidas con los intereses de la clase obrera. De esta manera, los candidatos impuestos por las organizaciones sindicales del momento no eran elegidos por los trabajadores y trabajadoras en muchas ocasiones.
El resultado está a la vista: para evitar sorpresas en las elecciones sindicales, y con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, se impuso la presentación de candidaturas con listas cerradas y bloqueadas (sólo se puede votar una candidatura sin alterar el orden). Y, para completar la faena, se dio a los representantes elegidos la posibilidad de firmar acuerdos y convenios sin necesidad de consultar a los trabajadores y trabajadoras afectados (es habitual que muchos se enteren de la firma de su convenio por la prensa).
El toque final fue separar la negociación de los convenios nacionales y provinciales de los convenios de empresa, lo que ha supuesto una gran parcelación y división del movimiento obrero, y la distinta evolución de la lucha sindical y de las condiciones de trabajo y salario entre sectores y entre empresas.
La forma de aplicar los incrementos y las revisiones salariales también ha llevado una evolución que nos ha perjudicado a la gente trabajadora y ha permitido aumentar las diferencias entre unas empresas y otras. En aquellos momentos, los incrementos salariales se marcaban en base a la inflación pasada (la de diciembre del año anterior), y las cláusulas de revisión no existían. Al negociar en base a la inflación prevista por el gobierno, se hace a la baja y al año siguiente se recupera parte de lo perdido, en el caso de que se tenga la cláusula de revisión salarial. Muchos trabajadores y trabajadoras pierden estas cantidades debido a que en sus convenios no se han incluido estas cláusulas.
Sobre esta base, cada año los sindicatos mayoritarios negocian acuerdos de moderación salarial con la patronal y el gobierno, lo que nos ha supuesto una pérdida importante de poder adquisitivo y una derivación de rentas de la clase obrera a los empresarios.
Todo esto ha facilitado el asentamiento del burocratismo en el movimiento sindical y el alejamiento y pasividad de los trabajadores y trabajadoras.
Frente a esto, un buen puñado de sindicalistas desperdigados por las empresas y las organizaciones sindicales, seguimos empeñados en aplicar esos principios, para que los trabajadores y trabajadoras sean los protagonistas y para que los sindicatos sean lo que realmente tienen que ser: una herramienta de la clase obrera para la defensa de sus intereses. Esta defensa conllevó que la sección sindical de Alumalsa en su conjunto fuese expulsada de Comisiones Obreras en 1981, expulsión que duró varios años. Durante este tiempo, realizamos nuestra labor sindical desde los CAES (Centros de Asesoría y Estudios Sindicales).
En cuanto a las condiciones de trabajo en esas fechas, los expedientes de regulación de empleo para adaptar las plantillas eran habituales. La inflación era de dos dígitos (14´20 % en el año 1982), y la media de jornada a nivel estatal estaba en 1.877 horas de trabajo efectivo. El salario neto en Alumalsa a principios del año 1983 era de unas sesenta mil pesetas al mes (unos trescientos sesenta euros), aunque con toda seguridad el poder adquisitivo fuese mayor que en la actualidad, debido a la evolución de los salarios por un lado y de los precios por otro.
Para que la gente trabajadora podamos defender nuestros intereses hay que hacer frente a serias dificultades, empezando por la propia organización y la participación de las personas implicadas. Aun consiguiendo una organización y una participación fuerte, la patronal y sus gobiernos buscarán la forma de arrebatarnos lo que tanto sacrificio cuesta conseguir. Si no pueden hacerlo directamente en las empresas, lo harán a través de leyes y medidas contra las que es más difícil hacer frente, porque requiere movilizaciones generales para las cuales es fundamental el protagonismo de las organizaciones sindicales.
En ese sentido, con la liberalización del alquiler de las viviendas, regulado anteriormente (suponía en torno al 20% de un salario de Alumalsa de aquellos años), la evolución ya comentada de los salarios -los precios reales no han parado de subir por encima de lo que suben los salarios, más significativamente desde la desaparición de la peseta-, el cambio en la forma de aplicar los impuestos, bajando los directos y aumentando los indirectos (los impuestos indirectos son para todos iguales independientemente de los ingresos personales), se va anulando el principio de progresividad y el principio de que pague más quien más gane, a la vez que se van deteriorando los servicios esenciales –sanidad, educación…- por no destinar los recursos necesarios.
Más de lo mismo con los contratos de trabajo. Hasta 1984 había pocas modalidades de contratación, el contrato eventual habitual era de seis meses. En 1984 el gobierno de turno (PSOE) aprobó dieciséis modalidades de contratación para que los empresarios pudieran contratar a la carta. Los sindicatos no pudieron (o no quisieron) evitar esta barbaridad que potenció la eventualidad hasta límites insospechados.
En junio de 1994 el Gobierno (otra vez PSOE) aprobó la ley que legalizó las empresas de trabajo temporal (ETT), que reguló en enero de 1995 con un decreto ley. Las condiciones que se aplicaban a los compañeros y compañeras contratados a través de ETT era la de su propio convenio, lo que suponía cobrar mucho menos, con lo que se rompía el principio de “a igual trabajo, igual salario”.
Cuando la dirección de Alumalsa empezó a utilizar las ETT, iniciamos una campaña de sensibilización con asambleas, pegatinas, notas de prensa…, y cuando la empresa se negó a pagar los mismos salarios que al resto de la plantilla, se denunció ante la jurisdicción laboral. Denegado en primera instancia, porque era un tema que quemaba, los sindicatos nos negaron el apoyo para elevar el recurso al Supremo. Fue un bonito intento por iniciar un frente contra este nuevo ataque. Una vez más el papel jugado por los sindicatos permitió que las ETT se asentaran en nuestro país hasta llegar a la realidad actual.
En la negociación de los convenios colectivos era habitual tener que convocar algún tipo de presión y días de huelga para conseguir y consolidar derechos en las condiciones de trabajo, los incrementos salariales y la reducción de jornada. Fue en la negociación del convenio de 1983 cuando tuvimos que llevar a cabo una movilización importante que marcó las relaciones laborales de los siguientes años en Alumalsa.
Este año, para modificar la dura posición de la empresa realizamos tres días de huelga intermitente los días 10, 15 y 17 de marzo, que se convirtió en indefinida desde el día 21 al comprobar que la huelga intermitente no era efectiva.
La negociación se complicó cuando la empresa procedió a despedir a un compañero huelguista, por supuestas injurias personales, con el fin de presionar a la plantilla y hacernos claudicar. La reacción de la plantilla fue de firmeza, manteniendo la plataforma reivindicativa y exigiendo la readmisión del compañero despedido.
La huelga duró veintiún días consecutivos, durante los cuales tuvimos que organizar turnos de presencia en la puerta de la fábrica las veinticuatro horas del día (incluida la Semana Santa). También fue necesario organizar una caja de resistencia para aguantar y para ayudar a compañeros con problemas económicos. Es necesario destacar la participación de muchas compañeras y amigos que participaron activamente tanto en las guardias como en las movilizaciones que se llevaron a cabo en la carretera de Castellón y en la ciudad. Todos los días acompañábamos al autobús que transportaba a los esquiroles, arropado entre nuestros coches, desde la fábrica hasta la casa de cada uno, con una fuerte pitada. Un recorrido a marcha lenta que duraba mucho tiempo y que nos permitía pasear nuestra lucha por la calle cada día.
La lucha terminó con éxito para los intereses de la plantilla, consiguiendo la readmisión del compañero, incrementos salariales por encima de la inflación, una cantidad diaria para complementar la pérdida en situación de ILT (Incapacidad Laboral Transitoria) y la ampliación de derechos sindicales, como la figura del delegado sindical en función de la afiliación de cada sección sindical dentro de la empresa. Otras conquistas vinieron más tarde en futuras movilizaciones.

Fernando Martín Sanchez