En el cuadro cincuenta, sepultura cincuenta y uno del cementerio de Torrero se encuentran los restos de Miguel Vicente Basanta López y parte del teatro fraudulento de la transición política española. A Basanta, menor de diez hermanos y albañil en paro, lo mató Francisco Tovar Tovar, policía armada nº 31866 ,  un cinco de febrero de 1977, en el paseo del Canal junto a la antigua Fundición Alumalsa, esquina con la calle Santa Gema.

Además del cadáver, entre los enseres personales que entregó la policía a la familia figuraban en el inventario una bolsa de deporte, un par de zapatos usados, una cazadora, una cartera con tres mil doscientas pesetas, una tarjeta de afiliación a la seguridad social, un paquete de tabaco a medio consumir, un peine y un bote de medicamentos de la marca Bisolbon-Ampicilina. Fuera de inventario quedaron una lata de pintura roja y una brocha tirada en el suelo, con la que acababa de pintar “Trabajo Sí Policía No” junto a una mal trazada hoz y un martillo, cuando fue sorprendido por el cobarde, fascista y mentiroso policía que aquella tarde estaba de permiso paseando con su familia. Encañonado, de cara a la pared, según testigos presenciales vecinos del policía, intentó correr nervioso y asustado recibiendo tres disparos por la espalda, dos de ellos en la cabeza.

Vicente Basanta López, de treinta y dos años, ingresó en la clínica San Juan de Dios a las veintiuna horas y treinta minutos, en estado preagónico, falleciendo a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.
Todo lo que después aconteció estuvo inmerso en un sin fin de intimidaciones, prevaricaciones, falsedades, etc,… por parte de los estamentos fascistas militar y policial, en connivencia con algunos medios de comunicación y la complicidad de políticos mediocres, que no dudaron en tachar a Basanta de “delincuente habitual, descuidero y topero” y que la muerte se la tenía bien merecida. ¡Ellos sí que eran delincuentes! Y no un pobre albañil tartamudo con una lata de pintura y una brocha que expresaba en una pared con la mano lo que por la boca le era imposible decir. Sí, afortunadamente, yo conocí a Vicente y recuerdo que para decirme “hola sobrino”, le costaba una eternidad. ¡Pintaba porque no podía hablar!.
Después de su asesinato se sucedieron una serie de hechos repudiables, típicos de un Estado fascista y represivo. Hechos como la privación a la familia del derecho a un juicio, la admisión como pruebas de legítima defensa del policía de informes inventados, la impune actuación del capitán general, Manuel Lara del Cid ,  que declaró, con fecha 24 de marzo de 1977, el sobreseimiento definitivo de la causa apenas mes y medio después de la muerte de Vicente. Todo ello y conforme con el dictamen del juez instructor, comandante de artillería don José Fernández Laguna, en el que se incluía, además, unas supuestas lesiones al policía, según parte del teniente médico de la policía armada, don Tomás Usón de Yarza.
A todos estos hechos se unieron otros no menos graves como la humillación, el desprecio, el señalamiento con el dedo por parte de personas que veían a la familia como a los parientes de un delincuente habitual, muerto a tiros en un enfrentamiento con la policía en la calle Santa Gema.
También hubo algún intento de entrada en el domicilio de la familia por parte de policías de paisano, en busca de supuestas armas, pero no pudieron. Buscaban inventarse también que Vicente pudiera tener alguna relación con la banda terrorista ETA o los GRAPO, basándose en la declaración que el policía aportó a su defensa: “había tenido alguna amenaza de la banda ETA”.
La tan laureada y ejemplar transición política española está fundada  en la ilegalidad, el atropello y la vulneración de derechos fundamentales como la vida, de muchas familias de la sociedad española. El primer intento de esclarecimiento de los hechos por la muerte de Vicente fue llevado, en 1977, por el abogado Carlos Camo Palomares, carlista de izquierdas, que apoyó numerosas causas perdidas, pero el secreto de las actuaciones y la imposibilidad de traspasar los muros de la justicia militar, hicieron imposible cualquier acción contra el asesino.
Cuando se consideró que las condiciones políticas eran favorables para esclarecer la verdad y recuperar el buen nombre y la memoria de Vicente Basanta se planteó, doce años después, hacer justicia con todas las garantías. A través del abogado Pedro Santisteve Roche y la procuradora de los tribunales Begoña Uriarte González, con fecha diecinueve de octubre de 1989, se presentó una querella criminal por asesinato contra el policía armada nº 31866, autor de los disparos. El juzgado número dos de Zaragoza, con fecha veinte de junio de 1990, ordena el archivo de las actuaciones en virtud del principio de cosa juzgada por la jurisdicción militar. Recurrido el auto del juzgado en apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, también resultó desestimado con fecha dieciocho de octubre de 1990. En medio de todo esto, con fecha de agosto de 1990, también vino denegada la admisión a trámite del escrito presentado ante el Justicia de Aragón, don Emilio Gastón Sanz, “defensor de todos los aragoneses”, pero eso sí, la queja la había leído con mucho interés. ¡Menudo detalle! Ya le hicimos referencia a este señor, mediante un segundo escrito, lo lejos que estaba él del justicia que conocen todos los aragoneses. ¡Vamos! ¡Cómo iba a perder la cabeza don Emilio por defender a un delincuente habitual! Con fecha diez de noviembre de 1990 se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, acordándose su inadmisión por la Sala Segunda con fecha treinta de abril de 1991, basada en un precepto del entonces vigente Código de Justicia Militar (art. 718.2). Así pues la defensa de Basanta se convirtió en un sin fin de puertas cerradas por parte de unas instituciones que habían decidido, firmada la Constitución de 1978, y gracias a Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, hacer borrón y cuenta nueva en reconocimiento por los servicios prestados por la dictadura franquista a la sociedad española.
Perdida toda esperanza en la vía judicial, la llamada telefónica realizada a la familia por José Pedro Huertapelayo, columnista de Heraldo de Aragón, supuso el comienzo de la iniciativa popular para la recuperación de la memoria y el buen nombre de Miguel Vicente Basanta López, y el mejor regalo recibido por la familia gracias a aquel grupo de hombres y mujeres de buena voluntad que formaron la Comisión Ciudadana Vicente Basanta. “Morir por una pintada”, de Heraldo de Aragón; “En busca de la memoria perdida”, de El Jueves; el homenaje popular que se le hizo el cuatro de febrero de 1996 frente a la tapia donde perdió la vida y la pintada realizada por José Luis Cano. El reconocimiento, con la calle que lleva su nombre a propuesta de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José. ¡Sí!, todo esto hizo ese magnífico grupo de personas, pero, sobre todo, sacaron a la luz la verdad y la memoria de ese pequeño trozo de tierra del cuadro cincuenta, sepultura cincuenta y uno del cementerio de Torrero. A todos ellos muchas gracias. “Trabajo Sí, Policía No”.

José Antonio Basanta Cuenca